Artículo | Pandemia y prisión

01.12.2020

Por Jorge Ollero

Fotografía | Lynx Photography
Fotografía | Lynx Photography

En su libro "Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social" el sociólogo Loic Wacquant explica que las sociedades contemporáneas tienen tres estrategias principales para afrontar los problemas: la criminalización, la medicalización y la socialización. En este artículo utilizo esa herramienta de análisis para tratar dos temas aparentemente alejados: la pandemia y las prisiones.

La estrategia criminalizadora funciona etiquetando el problema como delito y e imponiendo como única solución una pena. Por ejemplo, se establece que las personas sin hogar son delincuentes, como hacía la antigua Ley de Vagos y Maleantes, y se les encierra en prisión. La estrategia medicalizadora trata de solucionar la cuestión a través de medicamentos o terapias. Siguiendo el ejemplo anterior, se diagnostica a la persona sin hogar como drogodependiente y se le recetan drogas legales para paliar los efectos negativos de su uso de drogas ilegales. El enfoque médico continúa invisibilizando las causas sociales del problema pero el aspecto positivo es que, al contrario que el enfoque anterior, busca ayudar a la persona y pretende mejorar su bienestar contando con su participación voluntaria, al menos en teoría. Sin embargo, solo el enfoque social supera la mirada individualista y se centra en las causas estructurales y colectivas que están en la raíz de esas situaciones problemáticas. En este caso, significaría exponer que el elevado precio de la vivienda, alentado por dinámicas especulativas, es lo que está en la raíz del sinhogarismo en España y que hay que actuar mediante políticas públicas que hagan realidad el derecho a la vivienda.

Todas las sociedades modernas utilizan diversas combinaciones de estas estrategias (lo cual no quiere decir que no existan otras posibilidades de actuación). Cada sociedad elige si utiliza más de un enfoque o de otro, cada sociedad elige si prefiere construir cárceles, hospitales o colegios, si prefiere castigar o cuidar. A esas elecciones se les llama política. Cuando se produce un aumento de las estrategias criminalizadoras significa que la sociedad se está volviendo más autoritaria y que el espacio para la democracia está reduciéndose. Eso es justo lo que lleva décadas sucediendo en España y por ende en Andalucía. El olvido de las políticas sociales, la mercantilización de los servicios públicos y el abandono de cualquier ideal de justicia social tienen como contrapartida una fuerte criminalización de cualquier problema. Hemos visto esta dinámica, recientemente, en la aplicación de métodos punitivos para tratar de controlar la pandemia pero esta deriva criminalizadora venía de muy atrás. Por eso en este artículo conecto la gestión securitaria de la pandemia con el uso desproporcionado de la prisión. Ambas políticas tienen una misma raíz, que en otro lugar he llamado penalismo mágico: la creencia irracional y cruel de que las sanciones y derecho penal son varitas mágicas que pueden resolver complejos problemas sociales.


Covid-19: un problema sanitario con fuertes condicionantes sociales

Esta pandemia es, obviamente, un problema sanitario que requiere soluciones médicas. Se trata de una enfermedad nueva que afecta a la salud de muchas personas provocando síntomas graves e incluso la muerte de un porcentaje de pacientes, especialmente entre las personas de mayor edad. Por ello, es adecuado que se tomen medidas sanitarias: la medicalización del problema es, en este caso, una opción razonable y natural. Necesitamos vacunas, tratamientos, pruebas para detectar casos, medidas de disminución de los contagios, etcétera. Necesitamos más personal sanitario y más medios para que no se contagien. Está claro. Necesitamos soluciones médicas para un problema sanitario.

No obstante, este problema sanitario, como todos, tiene importantes condicionantes sociales que se han dejado de lado. Sabemos que la mayoría de las muertes, un 54% del total, se han producido en residencias de personas mayores. Sabemos que la mayoría de estas residencias están concertadas con empresas privadas con ánimo de lucro. Sabemos, por tanto, que muchas residencias son un negocio sostenido con fondos públicos. Sabemos que muchas de estas residencias han tenido que ser intervenidas por el Estado ante las deplorables condiciones en que se encontraban. Esto era de esperar. Cuando se mercantiliza un servicio público, parte del dinero que debería destinarse a cuidar a las personas usuarias se destina a aumentar los beneficios de los inversores. Es decir, dinero público que debería destinarse a la contratación de personal de enfermería, por ejemplo, se destina a repartir dividendos entre los accionistas de un fondo de inversión. Las familias que están viendo morir a sus mayores en estas residencias mercantilizadas no pueden permitirse una residencia privada de lujo ni tampoco pueden cuidar a sus mayores en casa porque sus precarios trabajos no se lo permiten. Estos son problemas sociales que requieren soluciones sociales: podríamos haber creado plazas de residencias públicas o concertadas con entidades sin ánimo de lucro y podríamos haber creado sistemas de apoyo a los cuidados en el hogar para que las personas mayores se quedaran en sus casas con sus familias. Un sistema no mercantilizado de atención a las personas mayores habría reducido las muertes en España en mucha mayor medida que todas las dolorosas y ruinosas medidas de confinamiento, distanciamiento social y restricciones horarias.

Hay otros condicionantes sociales de esta enfermedad que se han ido manifestando a lo largo de los últimos meses. Por ejemplo, hemos visto cómo los desahucios o las terribles condiciones de trabajo en el sector agrícola o cárnico pueden provocar contagios. En definitiva, hemos visto que la pobreza y la desigualdad enferman. Esta es una cuestión ampliamente reconocida por personas expertas en epidemiología y salud pública. En su libro "Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva" las epidemiólogas Wilkinson y Pickett muestran cómo la desigualdad daña la salud física y mental. Defienden, como muchas otras expertas en salud pública, que ésta mejora con políticas preventivas, educativas y de reducción de las desigualdades económicas.

Partiendo de nuestra división en tres tipos de estrategias, el enfoque correcto de la pandemia requeriría unir lo médico y lo social. Sin embargo, lo que se ha producido ha sido una criminalización del problema sanitario como forma de esconder los condicionantes sociales de la enfermedad. Se ha extendido el mensaje de que la causa de la expansión de la enfermedad es una irresponsable juventud que se dedica a hacer fiestas y botellones. Se han impuesto más de un millón de multas y se ha detenido a más de 8.000 personas por incumplimiento de las restricciones. En vez de hablar de Intermediate Capital Group, Eulen, Clece (ACS), Sacyr, Vithas o Sanitas, que son las empresas que obtienen beneficios del negocio de la vejez, se ha hablado de jóvenes sin mascarilla. La criminalización siempre funciona así: desplaza el foco de atención de las causas reales y propaga sentimientos de odio hacia chivos expiatorios.

Esta situación nos está permitiendo ver las tendencias autoritarias existentes en nuestra sociedad, estamos viendo que en España se abraza rápidamente la estrategia criminalizadora. Para revertir esta deriva autoritaria es necesario reconocer que ya estaba presente desde hace mucho tiempo. El uso desproporcionado de la prisión y de la policía es una muestra clara de que llevamos décadas criminalizando los problemas sociales.


Reducir la desigualdad para reducir la represión

En España, el 56% de las personas en prisión han cometido delitos contra el patrimonio (robos, hurtos o estafas) o delitos contra la salud pública (tráfico de drogas). Son delitos con una raíz claramente económica, es decir, los comete la gente porque no tiene dinero. La mayoría de las personas presas provienen de barrios empobrecidos y familias desestructuradas, la mayoría tienen problemas de adicciones, la mayoría carecen de estudios y tienen pocas oportunidades laborales. En el caso de las mujeres presas la mayoría han sufrido violencia de género.

Si aplicáramos un enfoque social al problema de la criminalidad en España deberíamos partir de un análisis de las causas profundas de nuestra criminalidad. Se producen muchos delitos de raíz económica porque somos una sociedad muy desigual, donde amplias capas de la población sobreviven a duras penas en una marginalidad de la que es muy difícil salir. En vez de revertir esta desigualdad redistribuyendo la riqueza a través de un sistema fiscal progresivo, desde mediados de los 90 se ha venido aplicando el credo neoliberal criminalizador: se ha ido endureciendo el Código Penal, lo que nos ha llevado a tener una de las tasas penitenciarias más elevadas de Europa occidental, y se ha endurecido también la Ley de Seguridad Ciudadana para aplicar nuevas mordazas ante cualquier protesta.

Alta tasa de desigualdad, alta tasa de personas en prisión. Déficit social, superávit penal. Esa es nuestra realidad, una realidad que se ha construido a base de decisiones políticas. Decisiones políticas que podemos revertir.

Para aplicar una estrategia social a los problemas sociales necesitamos hacernos conscientes de este hecho y actuar en consecuencia. Necesitamos más inversión en los barrios desfavorecidos, más inversión en sus colegios, centros de salud, centros de tratamiento de adicciones, viviendas públicas y servicios sociales. Una Renta Básica Universal haría más por reducir la criminalidad que todas las comisarías y prisiones del Estado.

En Andalucía tenemos la lacra de ser la Comunidad Autónoma con más personas presas del Estado y, al mismo tiempo, somos la segunda más pobre, tras Extremadura. Tenemos las cárceles donde se producen más muertes y los barrios más pobres de España. Pese a que nuestro Estatuto de Autonomía nos da competencias en ejecución penitenciaria, la situación de las prisiones en nuestra región se controla exclusivamente desde el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía muestra muy poco interés por la situación de las personas presas andaluzas. Hay más de 13.000 andaluces y andaluzas que apenas cuentan para el gobierno de nuestra región, no hay ninguna Consejería que marque una política coherente que se dirija a mejorar la situación de las personas presas y a potenciar su reinserción. Así, seguimos criminalizando nuestra pobreza lo cual perpetúa el ciclo de exclusión y nos mantiene anclados en una visión jerárquica de la sociedad. Las personas que queremos vivir en una sociedad andaluza más justa tenemos que exigir el traspaso de las competencias penitenciarias, como ya ha hecho Cataluña y están reclamando el País Vasco y Navarra. Es urgente la transferencia de la Sanidad Penitenciaria y hay que ir más allá e integrar las políticas de reinserción dentro de las políticas sociales de nuestra región. Necesitamos hacer política penitenciaria andaluza para que prime la reinserción y no la exclusión.

Del mismo modo que mejorar la Sanidad Pública acompañándola de un enfoque social es lo que nos puede ayudar a superar esta pandemia sin caer en el autoritarismo, asumir las competencias penitenciarias e incluirlas en las políticas sociales es lo que nos puede ayudar a transformar nuestra sociedad hacia una mayor igualdad.

Abandonemos el penalismo mágico, es una enfermedad que mata más que el virus. No salgamos de esta pandemia convertidos en una sociedad-prisión.